Derecho administrativo

Derecho administrativo

El Derecho Administrativo en España regula el trabajo de los organismos y funcionarios públicos, define las condiciones y la forma en que desempeñan sus funciones e incluye las normas y reglamentos que rigen sus interacciones con los ciudadanos (en el sentido más amplio de la palabra). En términos sencillos, el derecho administrativo se encarga de garantizar que todos los organismos y funcionarios públicos cumplan debidamente sus obligaciones oficiales y, cuando traten con particulares, se atengan a todas las instrucciones y procedimientos prescritos por la ley y cumplan todas las formalidades.

Es bien sabido que ninguna maquinaria estatal funciona a la perfección, por lo que los errores e infracciones en este ámbito son bastante frecuentes. Hay varias razones para ello. Puede ser un factor humano: falta de atención, pereza o simplemente incompetencia de un funcionario. Puede tratarse de un error técnico, como un fallo en el software utilizado. Y lo peor de todo: una falta intencionada, cuando un funcionario descuida el cumplimiento de sus obligaciones o se extralimita deliberadamente en sus funciones. Por desgracia, los extranjeros con escasos conocimientos de español tienen muchas posibilidades de verse en una situación así.

Sé por experiencia y por muchos de mis clientes lo frustrante que es ser tratado injustamente por quienes deberían proteger tus derechos e intereses. Pero recuerde, cualquier acción o decisión que no cumpla las normas de la ley, puede ser impugnada, es importante hacerlo legalmente correcto y a su debido tiempo. En este caso, es posible que necesite la ayuda de un abogado, especialista en derecho administrativo.

Ofrezco a mis clientes los siguientes servicios en las siguientes áreas del derecho administrativo en España:

• Fiscalidad (litigios con las autoridades fiscales, impugnación de decisiones de recaudación de impuestos);
• Daños causados por las autoridades públicas (persecución por inacción, indemnización por daños materiales y morales);
• Derechos de los consumidores;
• Seguros (litigios con las compañías de seguros en caso de denegación de pago del evento asegurado)
• Tráfico por carretera (negociaciones con compañías de seguros en caso de accidentes y siniestros viales, impugnación de multas de tráfico);
• Impugnación de cualesquiera otras decisiones y actos no reglamentarios por parte de las estructuras estatales.